El proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social llegó al Tribunal Constitucional por dos vías. Grupos de senadores y diputados impugnaron varias de sus disposiciones en tres requerimientos que se acumularon (Roles N° 17.828, 17.829 y 17.832-26), y el Presidente de la República objetó el artículo 31, incorporado durante la tramitación (Rol N° 17.892-26).

Lo que se declaró inconstitucional

En la sentencia de 26 de agosto, el Tribunal acogió parcialmente los requerimientos parlamentarios. Cayeron completos los artículos 12 y 13, que obligaban al Fisco a pagar al titular de un proyecto los gastos efectuados cuando un tribunal anulara su resolución de calificación ambiental (RCA), a través de un arbitraje limitado a fijar el monto. La mayoría razonó que ese diseño indemnizaba gastos «a todo evento», sin permitir discutir la causalidad ni las utilidades obtenidas, y excedía el artículo 38 de la Constitución.

También se declararon inconstitucionales la expresión «micro-relocalización» y el numeral 3 del artículo 5°, sobre concesiones de acuicultura; la frase «que no hayan sido evaluados y» del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, y cuatro pasajes del artículo 29 sobre invariabilidad tributaria: la expresión «entre otros», la facultad de Hacienda para extender plazos, la referencia a «proyectos conexos» y el numeral 4 completo.

Invariabilidad: validada con voto dirimente

En lo demás, los requerimientos fueron rechazados. La constitucionalidad del artículo 29 —con esas exclusiones— y del artículo 38 se acordó con el voto dirimente de la presidenta del Tribunal, ministra María Pía Silva Gallinato. Las ministras Daniela Marzi y Nancy Yáñez y el ministro Mario Gómez votaron por declarar ambos artículos inconstitucionales en su totalidad.

Reconexión gratuita en catástrofes

El 2 de septiembre, el Tribunal rechazó el requerimiento del Ejecutivo contra el artículo 31. La norma agrega un artículo 2° bis a la Ley N° 16.282 y obliga a las concesionarias de electricidad, gas y agua a reponer sin costo, en zonas declaradas de catástrofe, el suministro de usuarios cortados por deuda: 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado. El Gobierno sostuvo que la disposición era ajena a las ideas matrices; la mayoría estimó que se vincula con los objetivos de reconstrucción del mensaje.

Al cierre de esta edición no registrábamos la publicación de la ley en el Diario Oficial, desde la cual se cuentan sus vigencias.

La Segunda Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había confirmado la condena de un Juzgado de Policía Local de Las Condes contra una clienta de Banco Itaú Corpbanca. El banco la demandó para recuperar los fondos retirados en un fraude, con el argumento de que ella lo había facilitado por una falta de diligencia constitutiva de culpa grave.

Qué entiende la Corte por culpa grave

El fallo recuerda que, en materia de fraudes, la culpa grave es la falta de la diligencia que incluso las personas descuidadas emplean en sus negocios, y que solo si la entidad la acredita —o prueba el hecho base de alguna de las presunciones de la Ley N° 20.009— puede pedir la restitución de lo retirado. La carga de la prueba, en otras palabras, es del banco.

Al revisar la prueba, la Sala concluyó que los jueces valoraron solo la parte de la declaración de la clienta que la perjudicaba y dieron por notorio un hecho sin respaldo en el expediente. Sostuvo, además, que el engaño que ofrece digitar la clave de seguridad da apariencia de normalidad a la operación: una sofisticación que no parecía haber sido advertida a los clientes.

Para la Sala, la prueba rendida resultó «feble» para atribuir a la clienta la mayor responsabilidad que contempla la ley civil.

Una corrección de oficio

La Corte no acogió la queja como tal: estimó que la interpretación de los jueces era posible y no constituía falta o abuso grave. Pero ejerció sus facultades disciplinarias para corregir el error, revocó la sentencia de primer grado y rechazó íntegramente la demanda del banco, sin costas. La decisión fue dividida, con votos en contra de la ministra Mireya López y de la abogada integrante Pía Tavolari.

Qué hacer si el banco demanda

Para quien enfrenta un cobro de este tipo, el fallo entrega criterios concretos: exigir que la entidad acredite la conducta gravemente negligente, reunir antecedentes sobre cómo operó el engaño —llamadas que simulan ser del banco, mensajes con apariencia oficial, claves solicitadas durante la misma operación— y revisar si el banco había advertido a sus clientes de esa modalidad. Y conviene actuar rápido: aviso inmediato al emisor y conservar registros de llamadas y mensajes.

En fallos informados entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, la Cuarta Sala de la Corte Suprema reforzó un criterio relevante para quienes prestaron servicios sin contrato de trabajo o a honorarios. Si la demanda pide declarar la existencia de la relación laboral y, a la vez, calificar como justificado un autodespido, no puede aplicarse por separado el plazo de caducidad del despido a un vínculo cuya naturaleza todavía está en discusión.

Dos años, no sesenta días

En la causa Rol N° 28.050-2026, contra una empresa de transportes, la Sala acogió un recurso de queja y dejó sin efecto las resoluciones que habían declarado caducada la acción. Explicó que el despido indirecto derivado de un vínculo controvertido queda supeditado, incluso en su plazo, a la acción declarativa, que puede ejercerse dentro de dos años desde el término de los servicios (artículo 510). Ordenó continuar la tramitación.

La misma Sala, conociendo recursos de unificación de jurisprudencia, acogió en parte las demandas de dos trabajadoras contratadas a honorarios por municipios —más de doce años en Ercilla (Rol N° 61.854-2024) y más de quince en Lo Espejo (Rol N° 56.904-2024)— que se habían autodespedido.

Huelga en empresas estratégicas

El 10 de septiembre, la Corte rechazó la queja de Navimag Carga S.A. contra la resolución de los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa que la excluyó del listado de empresas cuyos trabajadores no pueden declarar huelga (artículo 362). Compartió que la prohibición limita un derecho fundamental y debe interpretarse de forma restrictiva (Rol N° 38.164-2026).

La prohibición de huelga es excepcional: solo procede si la paralización causa un daño grave e intenso.

Ley Karin: el cuarto informe

La Dirección del Trabajo informó que, entre agosto de 2024 y junio de 2026, recibió 92.643 ingresos por la Ley N° 21.643 y que de 8.528 investigaciones terminadas, 1.551 constataron vulneración. Lanzó además el plan «DT Previene», con foco en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Sala cuna universal, a la Cámara

El 8 de septiembre, el Senado despachó a segundo trámite el proyecto de sala cuna universal. Se aprobaron el fondo y la gradualidad; la cotización del empleador no reunió quórum y se discutirá en la Cámara.

El 19 de agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 8T del Ministerio de Energía, que fija los precios de nudo promedio aplicables a los clientes sometidos a regulación de precios, junto con los ajustes y cargos que establece la Ley General de Servicios Eléctricos. El efecto en cada boleta varía según la comuna y la empresa distribuidora.

La recomendación práctica es revisar las próximas boletas y comparar el precio del kWh con el período anterior. Ante un cobro que no corresponda, el primer paso es reclamar a la distribuidora; si la respuesta no es satisfactoria, el reclamo puede presentarse ante la SEC.

Parrillas y gas: el sello SEC

A días de Fiestas Patrias, la SEC fiscalizó la venta de parrillas a gas y eléctricas. Informó que en 2025 revisó a 44 empresas y sancionó a 10 por comercializar productos sin certificación, con multas por 620 UTM, y que en 2026 lleva 18 empresas fiscalizadas, 9 de ellas con incumplimientos. Los artefactos deben exhibir el Sello SEC con código QR verificable, y reguladores y mangueras de gas deben indicar su fecha de vencimiento.

La Superintendencia también orientó a más de 220 representantes municipales sobre qué revisar en fondas y ramadas: instalaciones de gas, combustibles y generadores eléctricos.

Antes de comprar una parrilla, escanee el código QR del Sello SEC: vender un producto sin certificación expone a multas.

Recarga de vehículos eléctricos

El 8 de septiembre, la SEC presentó su reporte nacional de infraestructura de recarga: 5.245 cargadores registrados en 2025, de los cuales 1.230 son de acceso público, y 122 fiscalizaciones. Comunidades de edificios y empresas que instalen cargadores deben verificar que la instalación quede declarada ante la Superintendencia.

Reconexión gratuita en catástrofes

Cuando se publique la ley de Reconstrucción, las distribuidoras de electricidad y gas deberán reponer sin costo, dentro de 48 horas, el suministro de clientes cortados por deuda en zonas declaradas de catástrofe. El Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del Gobierno a esa norma (página 3).

A comienzos de septiembre, el exchange de criptoactivos Orionx anunció su cierre, pausó operaciones y suspendió retiros mientras prepara un plan de restitución, según informó Diario Financiero. El 4 de septiembre, la CMF precisó que la empresa no está inscrita ni autorizada como prestadora de servicios financieros: su solicitud fue rechazada por un oficio de 19 de junio de 2026, con lo que terminó el régimen transitorio bajo el cual operaba.

La CMF advirtió que no administra el cierre ni la devolución de fondos, y recomendó a los afectados conservar respaldos de sus operaciones y evaluar acciones civiles o penales. El mismo día denunció ante el Ministerio Público, por presunta estafa, a dos sociedades de garantía recíproca.

Sanciones a intermediarios y bancos

Nevasa S.A. Corredores de Bolsa fue multada con UF 6.000 por presentar en 2023 una solvencia mayor a la real. MBI, Larraín Vial y Valores Security, por ofrecer instrumentos para inversionistas calificados a clientes sin esa calidad. Banco Santander-Chile y Banco de Chile, por dar créditos sin consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Haber pedido la inscripción no equivale a estar supervisado: el registro de la CMF es la primera consulta antes de invertir.

Beneficiarios finales y grupos empresariales

En su Proposición Normativa N° 21/2026, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia recomendó al Presidente de la República que el proyecto de Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales obligue a informar las relaciones de propiedad y gestión de los grupos empresariales, acogiendo una propuesta de la FNE. La Fiscalía, por su parte, publicó por primera vez informes de riesgo de operaciones de concentración abandonadas por las partes.

MK4: reforma al mercado de capitales

El 9 de septiembre ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto conocido como MK4 (Boletín N° 18.643-05). Según Diario Financiero, crea un fondo estatal para comprar créditos hipotecarios a los bancos y un ahorro voluntario para la vivienda con bono fiscal, y modifica reglas de sociedades anónimas, entre ellas el límite de recompra de acciones propias. Está en primer trámite.

La reforma de pensiones (Ley N° 21.735) entró en su etapa de mayor impacto para las empresas. Desde las remuneraciones de agosto de 2026, la cotización de cargo del empleador pasó de 1 % a 3,5 % y se mantendrá en ese nivel hasta julio de 2027, según informaron la Superintendencia de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social.

Cómo se reparte el 3,5 %

Un 0,1 % va a la cuenta individual del trabajador; un 0,9 % a la Cotización con Rentabilidad Protegida, y un 2,5 % financia el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y la compensación por diferencias de expectativa de vida. Las cotizaciones de agosto se declaran y pagan en septiembre. La tasa seguirá subiendo por etapas hasta un 7 % adicional que, sumado al seguro de invalidez, totaliza 8,5 % de cargo del empleador, en una transición de nueve años que puede extenderse a once.

Fondos generacionales desde abril de 2027

El 1 de septiembre, la Superintendencia dictó el régimen de inversión de los diez fondos generacionales que reemplazarán a los multifondos desde el 1 de abril de 2027: un fondo inicial hasta los 35 años, ocho fondos por tramos de cinco años hasta los 75 y un fondo de consolidación. Entre otros límites, permite hasta 95 % en activos de crecimiento para los más jóvenes, hasta 80 % en el extranjero y hasta 3,5 % del fondo por emisor.

Las cotizaciones de agosto, las primeras con tasa de 3,5 %, se pagan en septiembre.

Exclusión por violencia intrafamiliar

La Norma de Carácter General N° 372, vigente desde el 1 de septiembre, instruye a AFP y aseguradoras cómo excluir de la pensión de sobrevivencia a quienes fueron condenados por delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar contra el causante, en aplicación de la Ley N° 21.818.

PGU y seguro de cesantía

Desde septiembre, la Pensión Garantizada Universal sube a un máximo de $250.275 para más de 500 mil personas de entre 75 y 81 años, y la AFC pagará un sexto y un séptimo giro del Fondo de Cesantía Solidario en septiembre y octubre.

La Ley N° 21.729, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones, rige en plenitud desde el 20 de agosto: todas las líneas móviles de prepago, nuevas y existentes, deben estar asociadas a una persona identificada. Según SUBTEL, al primer trimestre de 2026 había 4.425.012 usuarios de prepago, cerca del 19 % de las líneas móviles.

Las líneas existentes se validan en la siguiente interacción con la compañía, como una recarga, de forma presencial o digital. Si la validación no se completa en diez días corridos, la línea queda sin recargas. Las concesionarias deben conservar el registro por cinco años y usar los datos solo para cumplir la ley.

Bloqueo de sitios de apuestas

El 1 de septiembre, en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, SUBTEL ordenó a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR bloquear por DNS, en 48 horas, 42 sitios de apuestas en línea informados por la Superintendencia de Casinos de Juego. El procedimiento alcanzará a los sitios espejo que esa Superintendencia valide.

Compensaciones tras el temporal

SUBTEL recordó que interrumpir el servicio más de seis horas en un día, o doce en un mes, obliga a compensar, y que los descuentos voluntarios anunciados en la Región de Coquimbo son adicionales a esa obligación.

Un descuento voluntario no reemplaza la compensación que exige la ley.

SERNAC: preautorizaciones y cláusulas penales

En dictámenes publicados el 13 de agosto, el SERNAC aceptó que las aplicaciones de transporte retengan fondos antes del viaje solo si lo informan con claridad, liberan el dinero sin demora ante una cancelación y justifican cualquier cobro mayor a la tarifa. En contratos de adhesión, una cláusula penal es abusiva si excede el perjuicio probable, y condicionar una devolución a renunciar a acciones está prohibido.

Además, fiscaliza a 25 tiendas en línea por cómo informan la garantía legal y el retracto.

Fuentes de este número

Poder Judicial (pjud.cl). Tribunal Constitucional (tribunalconstitucional.cl y tramitacion.tcchile.cl). Contraloría General de la República (contraloria.cl). Servicio de Evaluación Ambiental (sea.gob.cl). Superintendencia de Electricidad y Combustibles (sec.cl). Superintendencia del Medio Ambiente (portal.sma.gob.cl). Segundo y Tercer Tribunal Ambiental (tribunalambiental.cl, 3ta.cl). CMF (cmfchile.cl). TDLC (tdlc.cl). FNE (fne.gob.cl). Dirección del Trabajo (dt.gob.cl). SII (sii.cl). Superintendencia de Pensiones (spensiones.cl). Subsecretaría de Previsión Social (previsionsocial.gob.cl). Superintendencia de Salud (superdesalud.gob.cl). SUSESO (suseso.gob.cl). SUBTEL (subtel.gob.cl). SERNAC (sernac.cl). ANCI (anci.gob.cl). SUPERIR (superir.gob.cl). Coordinador Eléctrico Nacional (coordinador.cl). Superintendencia de Casinos de Juego (scj.gob.cl). Consejo para la Transparencia (consejotransparencia.cl). Senado (senado.cl). Cámara de Diputados (camara.cl). Diario Oficial. INE (ine.gob.cl). Banco Central (bcentral.cl). Prensa especializada: Diario Financiero (df.cl) y Diario Constitucional (diarioconstitucional.cl).